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Pocas palabras
Lunes, 22 Julio 2013 00:26

El caso de los ERE

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¿Qué es un ERE?
ERE son las siglas de Expediente de Regulación de Empleo, un procedimiento administrativo-laboral contemplado en la actual legislación española mediante el cual una empresa que demuestre estar en una mala situación económica puede suspender o despedir a sus trabajadores. El objetivo de los ERE es que el despido colectivo de trabajadores se realice respetando ciertos derechos de estos. Uno de los principales es la indemnización. En caso de ERE, cada trabajador tiene derecho a recibir una indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades.

¿Qué tienen que ver los ERE con la Junta de Andalucía?
En 2001, la Junta de Andalucía, presidida entonces por Manuel Chavez y con Magdalena Álvarez como consejera de Hacienda, abrió un fondo para respaldar económicamente a empresas con problemas, que se veían obligadas a presentar Expedientes de Regulación de Empleo para realizar prejubilaciones o despidos. El dinero sería destinado para pagar la indemnización de los trabajadores afectados por estos ERE. Dicho fondo contaba en 2011 con 721 millones de euros, aunque para su finalización la cifra aumentaba hasta los 1.217 millones. Este fondo también aparece en los medios con el nombre de partida 31-L (su identificativo dentro de los presupuesto de la Junta de Andalucía) o como “fondo de reptiles”.

¿Qué significa eso de “fondo de reptiles”?
El término “fondo de reptiles” procede de la época de la unificación de Alemania. Se conocía así al dinero con el que el canciller Otto von Bismarck financiaba propaganda a su favor y silenciaba a sus críticos (a los que él llamaba reptiles, de ahí el nombre). El primero en utilizar ese término para referirse al fondo de la Junta para los ERE fue el propio Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y principal imputado del caso.

¿Dónde está el delito?
El fraude se produce cuando se descubre que parte de ese dinero se ha destinado a pagar falsos prejubilados en los ERE de empresas andaluzas. Según la investigación llevada a cabo por el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, dirigido por la juez Mercedes Alaya, y por el Tribunal de Cuentas del Estado, del fondo destinado a los ERE se ha cogido dinero para:

- Prejubilaciones irregulares, pagadas a personas que nunca habían trabajado en las empresas afectadas. (12,3 millones de euros)

- Subvenciones a empresas que no estaban presentando un ERE, e incluso a personas que no llegaron a crear ninguna empresa. (73,8 millones de euros)

- Comisiones muy por encima del valor de mercado a intermediarios entre la Junta y los trabajadores: aseguradoras, consultoras, bufetes de abogados y sindicalistas. (Entre 50 y 68 millones)

La investigación interna ha revelado que al menos 183 prejubilaciones de las casi 6.000 analizadas son irregulares. De las 183 irregularidades, 111 corresponden a trabajadores que cobraban una prejubilación mayor que la que les correspondería, y 72 eran personas infiltradas, también llamados “intrusos”, que jamás trabajaron en estas empresas. Entre los prejubilados irregulares, se encontraron a ocho militantes del PSOE, que fueron expulsados del partido inmediatamente después de ser descubiertos en los ERE. También se descubrió a un militante del Partido Popular entre los presuntos casos irregulares. El resto de las prejubilaciones no presentaban ninguna anomalía.

Por otra parte, se destinaron 85 millones de euros a subvenciones de empresas en crisis. Estas subvenciones eran gestionadas por el director general de empleo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, que tenía potestad para conceder las subvenciones sin ningún tipo de trámite ni control gubernamental o parlamentario. La investigación de la juez Mercedes Alaya concluyó que Guerrero otorgó 887 subvenciones de forma irregular. Entre estos datos, destaca que más de la mitad de las subvenciones, unos 50 millones de euros, se destinaron a municipios de la Sierra Norte de Sevilla gobernados por el PSOE.

Para destapar todo este fraude fue fundamental el testimonio de Juan Francisco Trujillo, chófer de Francisco Javier Guerrero, al que acusó de concederle a él y a sí mismo, subvenciones por valor de un millón y medio de euros para constituir dos empresas y una granja de pollos que nunca llegaron a existir. Según el testimonio de Trujillo, ese dinero se gastó en cocaína, copas y prostitución.

¿Cómo se descubrió el fraude?
Los inicios del caso de los ERE están relacionados con otra investigación judicial, el denominado caso de Mercasevilla, también en manos de la juez Mercedes Alaya. Dicha investigación empieza cuando el director de la empresa Grupo La Raza, que iba a abrir una escuela de hostelería en terrenos de Mercasevilla, denuncia que dos personas le exigen la mitad de una subvención de 900.000 € otorgada por la Junta de Andalucía para la apertura de la escuela a cambio de garantizarle subvenciones públicas una vez que la hubiera abierto. Durante la investigación de este caso, la juez Alaya detectó que un militante del PSOE de Andalucía residente en Baeza había sido incluido en un ERE de Mercasevilla sin haber trabajado nunca para esta empresa. Ese sería el primero de los falsos prejubilados que desencadenaría el caso de los ERE.
 
¿A cuánto asciende el dinero defraudado?
Esa es una de las principales cuestiones que aún debe responder la investigación. Del fondo de ayudas que creó la Junta se han utilizado más de mil millones de euros (concretamente, 1.217 millones, según el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas). Ahora corresponde a la justicia saber qué porcentaje de ese dinero ha sido bien empleado y cuánto se ha defraudado. Los datos que maneja la Guardia Civil hablan de entre 50 y 60 millones de euros que se han llevado entre comisionistas e intermediarios. A eso, hay que sumar los datos que maneja la juez, según los cuales más de 12 millones fueron a personas con prejubilaciones irregulares y otros cerca de 74 millones a subvenciones de empresas que no estaban presentando un ERE o que ni siquiera existían. En total, estamos hablando de cifras cercanas a los 150 millones de euros.

¿Quiénes son los principales imputados?

Francisco Javier Guerrero: Ex director general de empleo. Estuvo en el cargo de 1999 a 2008. Acusado de repartir el dinero de las subvenciones de manera injusta y arbitraria y de incluir numerosos ERE fraudulentos. Además, la Guardia Civil también le acusa de designar sin concurso a las consultoras Vitalia y Uniter para que tramitasen los ERE, recibiendo a cambio dinero de las sobrecomisiones que pactaba con ellas. Estuvo en la cárcel de marzo a octubre de 2012, cuando pagó una fianza de 50.000 euros. En marzo de 2013 entró de nuevo en prisión para salir tres meses después en libertad sin fianza.

Juan Lanzas: Ex secretario de organización de UGT en Andalucía. Apodado "El conseguidor", era la persona que negociaba con empresarios que querían aplicar un ERE. Está acusado de proponer ERE fraudulentos a las empresas que así podían despedir a trabajadores fijos y con muchos años de antigüedad, utilizando para indemnizarlos la financiación de la Junta de Andalucía. A continuación, la empresa podía contratar trabajadores temporales que cobraban mucho menos. En prisión desde marzo de 2013, con una fianza de 450.000 euros.

Antonio Fernández: Consejero de Empleo de la Junta desde 2004 hasta 2010. Antes de eso también fue desde 1995 viceconsejero de esa área y, desde 2000, vicepresidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), el organismo que otorgaba las ayudas de los ERE. Acusado de ser el autor intelectual del sistema que permitía otorgar subvenciones públicas sin control. Entró en prisión en abril de 2012, y la abandonó en agosto de ese mismo año tras pagar los 450.000 euros de fianza.

Agustín Barberá: Ex viceconsejero de Empleo y número dos de Antonio Fernández el tiempo que éste estuvo en el cargo (2004-2010). Acusado de conocer el sistema fraudulento de ayudas y de beneficiarse de él en casos concretos. Actualmente está en libertad con cargos, y en marzo de 2013 el juzgado decretó el embargo de sus bienes.

Antonio Rivas: Ex delegado de empleo en Sevilla (2004-2010). Acusado de incluir intrusos en ERE fraudulentos, entre los que se encontrarían un cuñado suyo y un concejal del PSOE de su localidad natal, Camas (Sevilla). Está imputado también en el caso Mercasevilla, acusado de pedir comisiones ilegales de 450.000 euros a dos empresarios. Condenado por el caso Mercasevilla a 21 meses de inhabilitación y una multa de 600.000 euros. No ha llegado a ingresar en prisión.

Juan Rodríguez Cordobés: Ex delegado de Trabajo y Asuntos Sociales en Sevilla (1998-2000). Acusado de recibir 36.000 euros como prejubilado de la empresa Calderinox, en la que nunca trabajó.

Juan Márquez y Daniel Rivera: Directores generales de Empleo de la Junta entre 2008-2010 y entre 2010-2012, respectivamente. Acusados de continuar con el sistema de ayudas fraudulentas de Guerrero, al que sucedieron en el cargo. La juez ordenó el embargo de los bienes de Márquez en abril de 2013. Rivera, por su parte, de momento sólo ha sufrido el cese de su cargo en 2012 por parte del propio PSOE.

Estos son algunos de los más de 60 imputados por el caso de los ERE. Pero la lista no está cerrada, ni mucho menos. El último auto de la juez Alaya, que salió a la luz a principios de julio, imputaba a otros cargos políticos del PSOE como Magdalena Álvarez, consejera de Hacienda de la Junta cuando se creó el fondo para los ERE; José Salgueiro, viceconsejero de Hacienda el tiempo que estuvo Magdalena Álvarez en el cargo; y Antonio Lozano, actual viceconsejero de Presidencia e Igualdad y número dos de Susana Díaz, candidata a suceder a Griñán en el cargo.

¿Cómo está actualmente el caso?
Las investigaciones e imputaciones no paran. El último golpe a la cúpula política de la Junta fue la imputación de 20 altos cargos del Gobierno andaluz durante la época del fraude de los ERE (1999-2010). Es sólo la antesala de lo que ocurrirá en los próximos meses, en los que se investigará y juzgará si la cúpula política de la Junta conocía y, por tanto, permitió el fraude. La tesis de la juez es que la Junta ideó un procedimiento opaco por el cual podía otorgar subvenciones a empresas afines saltándose los controles de la Intervención General, mientras que el Gobierno andaluz defiende que el sistema era legal pero que las personas imputadas al principio (en especial Guerrero y Lanzas) hicieron un uso indebido de él. En el caso de que se demuestre la tesis de la juez, la lista de imputados políticos recogería nombres tan significativos como el del propio Griñán, actual presidente de la Junta y que fue consejero de Hacienda de 2004 a 2009. En cambio, si se demuestra que el procedimiento fue legal, como defiende la Junta, el juicio se restringiría a las personas ya imputadas, y el PSOE podría escapar medianamente bien de un caso que ha hecho tambalear sus más de treinta años de hegemonía en el Gobierno andaluz.

A todo esto, por supuesto, desde que se inició el escándalo no ha habido ni una sola dimisión…

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