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Miércoles, 06 Mayo 2015 12:18

Código Fuente: #EREsAD

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En la edición de esta semana nos vamos a detener en analizar un término que protagoniza a diario los informativos y los periódicos y que ha formado parte de la crónica más negativa de la actualidad andaluza. Los Expedientes de Regulación de Empleo.

Estamos acostumbrados a escuchar la palabra ERE en el ámbito judicial y normalmente asociada a procesos de corrupción. Pero olvidamos qué es realmente un ERE y para qué sirve. Explicado brevemente, ERE son las siglas de Expediente de Regulación de Empleo, un procedimiento administrativo-laboral contemplado en la actual legislación española mediante el cual una empresa que demuestre estar en una mala situación económica puede suspender o despedir a sus trabajadores.



El objetivo de los ERE, lejos de lo que se puede pensar, es beneficiar al trabajador, ya que asegura que el despido colectivo de trabajadores se realice respetando ciertos derechos de estos. Uno de los principales es la indemnización. En caso de ERE, cada trabajador tiene derecho a recibir una indemnización correspondiente como mínimo a 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades.

El problema surge cuando el Partido Popular realiza la reforma laboral de 2012 e introduce un cambio significativo: la empresa ya no debe demostrar pérdidas para realizar un ERE, sino que basta con que justifique una previsión de reducción de beneficios.



Esta circunstancia legal hace que muchas empresas con beneficios millonarios, como Coca-Cola o Ericsson, hayan realizado despidos masivos acogiéndose a esta posibilidad. Sin embargo, en algunos casos, como el de Coca-Cola, la justicia ha anulado el ERE y condenado a la empresa a readmitir a los trabajadores despedidos.

Por otro lado, está el caso de los EREs de la Junta de Andalucía, donde el delito está en desviar dinero público reservado para trabajadores afectados por un Expediente de Regulación de Empleo y utilizarlo para pagar a personas que nunca han trabajado para esas empresas. Así, esta herramienta que, en principio, garantiza derechos laborales ante cierres de empresa o reducciones de personal, ha entrado a formar parte del imaginario colectivo en los últimos años asociada al uso fraudulento que de ella hacen empresas y las administraciones que debían vigilar, autorizar, estudiar, incluso subvencionar la puesta en marcha de estas medidas sociolaborales.