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Corrupción
Miércoles, 10 Diciembre 2014 10:59

La corrupción política en Andalucía en 12 casos

Manifestante con pancarta contra la corrupción Manifestante con pancarta contra la corrupción anticapitalistes.net
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Hemos llegado a un punto en el que prácticamente cada semana se destapa un nuevo caso de corrupción. No existe un recuento oficial de todos ellos, pero según un estudio de la Universidad de La Laguna los casos de corrupción en España rondarían los 800 sólo en la última década. Andalucía tiene el triste honor de estar a la cabeza de la comunidad con más escándalos, con más del 25% de los casos. Lo que llama la atención es que, a pesar de estas cifras, sólo 23 personas han entrado en la cárcel por temas relacionados con la corrupción. Vamos a repasar algunos de los casos más graves de nuestra comunidad.

Caso ERE

Lugar: Principalmente Sevilla y Córdoba.

Delito: Prevaricación y malversación de fondos públicos, con prejubilaciones y ayudas a empresas fraudulentas.

Imputados: El número de imputados no para de crecer y en septiembre de 2014 alcanzó los 227, entre los que destacan altos cargos de la Junta de Andalucía como los ex presidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves, la ex ministra y ex Consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, y varios directores generales, consejeros y delegados de Empleo.

Situación judicial: El aforamiento de varios de los imputados está ralentizando y dificultando el caso. Las últimas noticias son que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha abierto una investigación contra Chaves y Griñán por este asunto. De momento, no hay fechas de declaraciones ni de juicio.

Empezamos por el que, posiblemente, sea el caso de corrupción más importante de toda la historia de Andalucía, no sólo por el dinero malversado (se habla de cifras cercanas a los 150 millones de euros), si no por la importancia de los imputados, con dos de los últimos presidentes de la Junta de Andalucía llamados a declarar. Se les acusa de haber utilizado dinero público para pagar prejubilaciones irregulares, recibiendo dinero personas que nunca habían trabajado para la empresa; subvenciones a empresas que no estaban presentando un ERE, e incluso a personas que no llegaron a crear ninguna empresa; y comisiones millonarias a intermediarios. Puedes encontrar más información de este caso en el artículo que publicamos hace tiempo analizándolo: el caso de los ERE en pocas palabras.

 

Caso Malaya

Lugar: Marbella (Málaga).

Delito: Cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, prevaricación, etc.

Imputados: Cerca de un centenar, entre los que destacan Julián Muñoz, ex alcalde de Marbella, y sus parejas sentimentales, Maite Zaldíbar e Isabel Pantoja; la también ex alcaldesa Marisol Yagüe, y Juan Antonio Roca, ex gerente de urbanismo del Ayuntamiento, además de varios cargos públicos más y multitud de empresarios y constructores.

Situación judicial: Sentencia en firme que condenó a seis personas: Julián Muñoz (7 años y medio de cárcel y otros 7 de inhabilitación por blanqueo), Maite Zaldívar (3 años y 3 meses), Jesús Zaldívar (3 años y 3 meses), Isabel Pantoja (2 años), José Miguel Villarroya (1 año por cohecho activo) y Fernando de Salinas, ex director de oficina de CajaMar (1 año y 6 meses por blanqueo).

Poco más se puede decir de uno de los casos más mediáticos por los nombres implicados, sobre todo el de la cantante Isabel Pantoja, y por la envergadura del mismo, con varias ramificaciones, como el caso Minutas, del que ya hablamos en su momento.

 

Caso Astapa

Lugar: Estepona (Málaga).

Delito: Convenios urbanísticos ilegales.

Imputados: Más de un centenar, entre los que se encuentran ex ediles, arquitectos, empresarios, funcionarios y familiares de cargos públicos. La cara visible de la trama es el ex alcalde de Estepona, Antonio Barrientos (PSOE).

Situación judicial: En stand by. Sin fecha de juicio tras más de seis años de instrucción. El juzgado que lo lleva denuncia falta de medios.

El 17 de junio de 2008 se iniciaba este caso con las primeras detenciones, un total de 25 personas, entre las que se encontraban el alcalde de Estepona, el socialista Antonio Barrientos, además de cuatro ediles de su equipo de gobierno, concejales de anteriores corporaciones, técnicos, abogados y empresarios. Se les acusaba a de cobrar a empresarios de la construcción para permitirles urbanizar y repartir el dinero para uso propio. Los investigadores llegaron a encontrar más de 1,5 millones de euros en metálico en las casas de una docena de imputados.

 

Caso Mercasevilla

Lugar: Sevilla.

Delito: Cohecho y prevaricación.

Imputados: En un principio se juzgó y condenó a dos ex directores de Mercasevilla y al ex delegado provincial de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Rivas. Sin embargo, el caso ha seguido creciendo y sumando imputados. Uno de los más destacados es Antonio Torrijos (IU), ex primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla.

Situación judicial: Tras un primer juicio que condenó a dos ex directores de Mercasevilla y a Antonio Rivas, ex delegado provincial de Empleo, la jueza Mercedes Alaya ha seguido abriendo causas y ya va por la quinta. Sin embargo, se está encontrando muchos problemas dentro del mismo entramado judicial. La semana pasada, sin ir más lejos, la Audiencia de Sevilla anuló el auto en el que procesaba a Antonio Torrijos.

Este caso fue el germen del famoso caso de los ERE. Se inició tras una denuncia del grupo empresarial La Raza, que recibió una subvención de la Junta de 900.000 euros para abrir una escuela de hostelería en terrenos de Mercasevilla. Un empresario de La Raza denunció que dos personas en nombre de la Junta le exigieron la mitad de este pago, 450.000 €, a cambio de garantizarle posteriormente una subvención para dar cursos de formación. Investigando este asunto, la jueza Alaya descubrió a un militante del PSOE dentro de un ERE de la empresa Mercasevilla, sin haber nunca trabajado para ella. Se iniciaba así la investigación del caso de los ERE.

 

Caso Cursos de Formación

Lugar: Toda Andalucía.

Delito: Malversación de fondos públicos y fraude en las subvenciones.

Imputados: Los más conocidos son el ex consejero de Hacienda, Ángel Ojeda, y el ex consejero de Empleo, Antonio Fernández, también imputado en el caso de los ERE. Pero la instrucción no ha hecho más que empezar.

Situación judicial: Está aún dando sus primeros pasos, ya que fue en septiembre cuando la jueza Alaya decidió desvincular este caso del de los ERE y juzgarlo aparte. Desde entonces, se ha hablado más de si Alaya tiene competencias para llevar este caso que de la instrucción en sí.

Estamos ante una nueva ramificación del caso de los ERE. Investigando este caso, la jueza Alaya decidió abrir una nueva macrocausa que determinara si la Junta de Andalucía malversó los fondos públicos que recibía de la Unión Europea para cursos de formación y si concedió estos fondos arbitrariamente a sindicatos, empresarios y fundaciones. La investigación se abrió tras la declaración de un funcionario autonómico, Teodoro Montes, responsable del departamento de gestión de Formación Profesional Ocupacional de la Junta. Sin embargo, Montes se retractó poco tiempo después de que Alaya decidiera abrir la instrucción, aunque eso no ha evitado que la jueza siga adelante con el proceso.

 

Caso de las Facturas Falsas de UGT

Lugar: Toda Andalucía.

Delito: Malversación de fondos públicos, fraude fiscal y fraude en las subvenciones.

Imputados: Toda la comisión ejecutiva de UGT-Andalucía, unas 18 personas, entre ellas el ex Secretario General de UGT-A, Manuel Pastrana, y su número dos y sucesor, Francisco Fernández Sevilla.

Situación judicial: La instrucción aún está en fase inicial, recabando información, por lo que no se descarta que haya más imputados.

De nuevo, otro caso que surge a raíz del de los ERE. La investigación que se llevó a cabo destapó una contabilidad B en el seno de UGT-A, dirigida por Manuel Pastrana desde 1998. El sistema se basaba en un “bote” resultado de las facturas falsas que los proveedores emitían al sindicato por servicios o productos que no habían realizado, o bien engordaban el importe del mismo. El “bote” era el resultado de la diferencia entre una y otra, y llegó a acumular casi 350.000 euros. Además, también se acusa al sindicato de exigir a los proveedores unos descuentos entre el 3% y el 20% y de malversar las subvenciones que recibía de la Junta por los cursos de formación. 

 

Caso Poniente

Lugar: El Ejido (Almería).

Delito: Cohecho y malversación de fondos públicos.

Imputados: 77 personas, entre ellos el ex alcalde de El Ejido, Juan Enciso, que llevaba en el poder desde 1991, primero con el PP, después con el Partido de Almería, PAL, el cual fundó tras ser expulsado del Partido Popular en 2006.

Situación judicial: Paralizado. La Administración de Justicia defiende que necesita de más medios humanos y materiales para finalizar la investigación. La Agencia Tributaria, por ejemplo, ha tardado más de tres años en remitir unos informes que se consideran fundamentales para la resolución del caso. Los imputados siguen en libertad y de momento no hay fecha para la vista oral.

El mayor caso de corrupción de la provincia de Almería se destapó en 2009, cuando la policía intervino el Ayuntamiento de El Ejido y detuvo a su alcalde, Juan Enciso (PAL) y al entonces interventor municipal en funciones, José Alemán. Se les acusaba de malversar fondos públicos a través de Elsur, una empresa mixta de servicios municipales. Tras su detención, Enciso, no sólo no dimitió como alcalde, sino que se presentó a la reelección en 2011, aunque no ganó. Más de cinco años después, todos los detenidos por la operación están en libertad y la instrucción avanza muy lentamente.

 

Caso Arcos

Lugar: Alcaucín (Málaga).

Delito: Construcción de viviendas en suelo no urbanizable.

Imputados: 49 en total, entre los que destacan José Manuel Martín Alba (ex alcalde, PSOE) y José Francisco Mora (jefe adjunto de arquitectura en la Diputación de Málaga).

Situación judicial: El caso se destapó en marzo de 2009 pero aún no tiene fecha de juicio tras cinco años de instrucción.

El caso Arcos destapó los supuestos trapicheos urbanísticos que realizaba el alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba. El ya ex alcalde (dimitió poco después de que se iniciara la operación, tras 18 años en el poder), falsificó fechas de  expedientes para legalizar casas irregulares y, con la ayuda de José Francisco Mora, jefe del servicio de Arquitectura de la Diputación, certificó falsas ruinas para permitir la construcción ilegal de chalés sobre terreno no urbanizable. Ambos ingresaron en prisión pero salieron tras pagar la fianza.

 

Caso Marchelo

Lugar: Alhendín (Granada).

Delito: Prevaricación administrativa, contra la ordenación del territorio, y cohecho.

Imputados: Una quincena, entre los que se encuentran el ex alcalde del municipio, José Guerrero (PP), tres de sus ediles y el arquitecto municipal, además de varios empresarios.

Situación judicial: En 2009, el caso se encontraba pendiente de juicio. Sin embargo, la Audiencia de Granada dio marcha atrás y ordenó que continuaran las investigaciones antes de llevarlo a juicio. Y hasta hoy...

El caso Marchelo se destapó en 2007 y se centró en la construcción ilegal de varias urbanizaciones, parques empresariales y gasolineras. La investigación penal se ha centrado en cinco asuntos: el parque empresarial Marchalhendín, la urbanización Novosur, la supuesta vulneración de la servidumbre aérea de la Base Militar de Armilla, la tramitación de la gasolinera en terrenos del ex alcalde y el parque municipal-mercadillo de la localidad. 

 

Caso Camisetas

Lugar: Marbella (Málaga).

Delito: Desvío de fondos públicos del Ayuntamiento de Marbella al Atlético de Madrid.

Imputados: El por entonces alcalde de Marbella, Jesús Gil; el primer teniente de alcalde, Pedro Román, y el abogado Modesto Perodia.

Situación judicial: El juicio se celebró en el año 2000 y condenó a Jesús Gil a 28 años de inhabilitación por cuatro delitos de prevaricación, dos de ellos en concurso con tráfico de influencias. Fue absuelto, sin embargo, de los delitos de malversación y falsedad. La sentencia provocó su dimisión como alcalde de Marbella y su ingreso, temporal, en prisión. El ex primer teniente de alcalde Pedro Román y el abogado Modesto Perodia también fueron condenados.

Estamos hablando del caso que, por así decirlo, abrió la veda. El juez Santiago Torres fue de los primeros en implicarse activamente en la lucha contra la corrupción en nuestra comunidad. Por el caso Camisetas, consiguió juzgar y condenar al alcalde de Marbella, Jesús Gil. A este caso le seguiría la investigación que desembocaría en el caso Malaya.

 

Caso Terán

Lugar: Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Delito: Falsedad de documentos oficiales y malversación de fondos públicos.

Imputados: El por entonces concejal de Fomento y posterior alcalde de Sanlúcar, Agustín Cuevas Batista (PSOE); su predecesor en el cargo, Manuel Vital Gordillo (que fue posteriormente absuelto); el interventor municipal, Juan Manuel Castillo, y varios familiares suyos.

Situación judicial: Cerrado. Tras diez años de instrucción, el juicio se fijó para el 7 de julio de 2008. Sin embargo, nunca llegó a celebrarse, ya que los acusados llegaron a un acuerdo con el fiscal.

El caso Terán se cerró casi veinte años después de los delitos cometidos y tras diez años de instrucción. Después de todo ese tiempo, ni siquiera hubo juicio, y el caso se saldó con penas mínimas para los culpables, que vieron que las penas que pedía el fiscal, de 9 a 20 años, quedaron reducidas finalmente a 1 año y 10 meses para todos los condenados. De esta manera, cuatro de los cinco condenados ni siquiera pisaron la prisión, al ser penas inferiores a los dos años, mientras que sólo Agustín Cuevas Batista era obligado a ello tras ser también condenado por el caso Sanlúcar, por intento de soborno a un concejal del PP para que no votara en su moción de censura como alcalde.

 

Caso Troya

Lugar: Alhaurín el Grande (Málaga).

Delito: Cohecho.

Imputados: El alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), y el edil de Urbanismo, Gregorio Guerra.

Situación judicial: El Supremo ratificó en 2013 la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga de enero de 2012 por la cual se condenaba a Martín Serón y a Gregorio Guerra al pago de una multa de 200.000 euros y a un año de suspensión de empleo o cargo público.

Terminamos con otro caso ya cerrado, el de Alhaurín el Grande, donde su alcalde, el popular Juan Martín Serón, y el edil de urbanismo, Gregorio Guerra, fueron declarados culpables de pedir 122.000 euros a un constructor a cambio de una licencia. A pesar de ser condenado, Martín Serón no dimitió y ha vuelto al cargo hace apenas un mes, tras cumplir el año de suspensión. Actualmente sigue gobernando en el municipio malagueño pero ahora como independiente, ya que él y varios concejales se marcharon del PP.

Estos son 12 ejemplos de corrupción política, pero, desgraciadamente, existen muchos más, como los casos de Ronda, Ayamonte, el Plan Bahía de Cádiz, etc.