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Miércoles, 22 Octubre 2014 12:36

¿Qué es la Ley de Dependencia? 10 preguntas y respuestas sobre esta ley

¿Qué es la Ley de Dependencia? 10 preguntas y respuestas sobre esta ley anticapitalistes.net
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La Ley de Dependencia fue aprobada en 2006 por el Gobierno de Zapatero con el objetivo de ayudar con servicios y prestaciones económicas a las familias con personas dependientes, esto es, personas que por su avanzada edad o por una discapacidad o enfermedad necesitan del apoyo de otras personas para desenvolverse en el día a día. Por aquel año, se definió a la Ley como “el cuarto pilar del estado del bienestar”, tras las pensiones, la sanidad y la educación. Sin embargo, la aplicación de la Ley no ha estado exenta de problemas, y cada vez que sale en las noticias es para denunciar impagos o como arma arrojadiza entre los dos partidos mayoritarios. Si eres de los que no sabes muy bien de qué va esta Ley, te ofrecemos aquí 10 sencillas preguntas y respuestas sobre la misma para facilitar su comprensión.

¿Cuál es el objetivo de la Ley?

Reconocer el derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, mediante la creación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), un conjunto de dispositivos asistenciales, prestaciones económicas y ayudas para estas personas.

¿Qué entendemos por dependencia?

La Ley define la dependencia como el estado de carácter permanente en el que se encuentran personas que precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria. Esa dependencia puede estar producida por la edad, la enfermedad o la discapacidad y ligada a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial. En cualquiera de los casos, la dependencia produce una ausencia de autonomía personal, es decir, precisa de ayudas para desarrollar actividades básicas de la vida diaria.

¿Qué grados de dependencia contempla la Ley?

En la Ley se contemplan tres grados de dependencia:

-    Grado I, dependencia moderada, cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.

-    Grado II, dependencia severa, cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no requiere el apoyo permanente de una persona cuidadora.

-    Grado III, gran dependencia, cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.

¿Qué entendemos por “actividades básicas de la vida diaria”?

Tal y como las define la ley son aquellas que permiten a la persona desenvolverse con un mínimo de autonomía e independencia. En este caso, serían actividades cotidianas como el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes o tareas sencillas.

¿La dependencia sólo afecta a las personas mayores?

No, afecta a todas las personas que cumplan los requisitos para necesitar la ayuda de otra u otras personas para desarrollar actividades básicas de la vida diaria. En este sentido, no hay ninguna limitación de edad para que una persona se encuentre en situación de dependencia, aunque hay previsiones especiales para los menores de tres años.

¿Qué son las prestaciones por dependencia?

Son los servicios y ayudas económicas dadas a las familias con personas dependientes. Los servicios tienen carácter prioritario y se prestan a través de centros y servicios públicos o privados concertados debidamente acreditados, y mediante centros y servicios privados no concertados colaboradores con el Sistema.

¿Cuántos beneficiarios de esta Ley hay en Andalucía?

Actualmente, en Andalucía hay 167.700 personas beneficiarias de la Ley de Dependencia, lo que representa el 22% del total nacional. Andalucía es así la comunidad autónoma que más personas dependientes atiende, con más de 228.000 prestaciones de dependencia concedidas, un 25% del total de España. Está, además, a la cabeza en ayuda a domicilio, con el 35% del total nacional, y en teleasistencia, con un 47%.

¿Cuáles son los principales problemas en la aplicación de esta Ley?

Como pasa casi siempre, el principal problema es el monetario. La Ley se aprobó en 2006, en plena bonanza económica. El problema vino después, con la crisis y los recortes. En el Decreto 20/2012, de 13 de julio, se establecían los primeros recortes a la Ley, que se oficializaron en  la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, con recortes presupuestarios de más del 46% en el ámbito de la dependencia, y del 37% en el Plan Concertado para las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales. Estos continuos recortes han provocado que muchas familias con personas dependientes vean reducidos e incluso eliminados los servicios o ayudas económicas que recibían. Además, los trabajadores del sector no paran de denunciar retrasos en los pagos de sus nóminas, hasta el punto de convocar varias huelgas y protestas.

¿Quién es el culpable de esos casos de impagos?

Ese es uno de los grandes campos de batalla. Por un lado, la Ley es estatal pero establece que sean los gobiernos autonómicos los que gestionen los recursos económicos, quienes a su vez delegan en los ayuntamientos, que son los que contratan los servicios. Este galimatías se traduce en que cuando hay impagos los gobiernos autonómicos acusen al gobierno central de recortar en los presupuestos y los ayuntamientos a su vez se quejen de los retrasos en los pagos de la Junta y otros entes autonómicos.

¿Qué futuro les espera a los beneficiarios de esta ley?

Pues uno bastante incierto, ya que los presupuestos generales del Estado para 2015 no han hecho más que reafirmar la tendencia a los recortes en este servicio. Así, aunque se reconoce que hay casi 1,5 millones más de personas atendidas en los servicios sociales (la cifra ha pasado de 6.874.312 personas a 8.319.124, un incremento del 18%), la partida destinada a financiar los servicios sociales más básicos se mantiene en 27.413.730 €, una cifra similar a la del año anterior. Es decir, el Estado destinará algo más de 3 € anuales por cada persona a la que atienden los servicios sociales. Además, 176.667 personas seguirán sin recibir las prestaciones y servicios a los que tienen derecho por su situación de dependencia. Dichas personas sólo recibirán atención si se producen bajas por fallecimiento entre los que actualmente reciben el servicio. Y todo ello, bajo las amenazas de los impagos, que ya han provocado más de una huelga y protestas entre los trabajadores del sector.