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Andalucía Hoy
Martes, 06 Diciembre 2016 09:04

La tierra, ¿para quién?

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La reforma agraria en Andalucía es una cuestión secular que continúa viva. La estructura de la propiedad de la tierra no ha variado significativamente durante los últimos siglos y ha servido de acicate para el movimiento jornalero, cuyas demandas de reparto de la tierra conforman uno de los pilares del ideario andalucista.

"El reparto de la propiedad de la tierra en Andalucía tiene sus orígenes en la Reconquista y en sus consecuentes repartimientos de dominios. La concentración de grandes extensiones en pocas manos se ha mantenido hasta nuestros días como una de las principales características estructurales del mundo agrario, sin que, en esencia, haya sido alterada por acontecimientos históricos llamados a hacerlo, como fuera el proceso de extinción del Antiguo Régimen y sus distintas desamortizaciones o la frustrada Reforma Agraria de la II República".

La reflexión anterior parte del Atlas de Historia Económica de Andalucía, editado por el propio gobierno autonómico, y que reconoce en la desigual distribución de la propiedad de la tierra un elemento que ha condicionado la existencia de Andalucía hasta nuestros días. De hecho, los territorios que fueron pertenecientes al Reino de Granada, de conquista más tardía y donde comunidades moriscas permanecieron hasta bien entrado el siglo XVII, el latifundismo no se hace tan presente como en los valles y sierras de Andalucía Occidental. Es llamativo el caso de la provincia de Huelva, donde la mayor parte de su superficie está conformada por propiedades agrarias de más 100 hectáreas, que llegan a conformar, en algunas comarcas, entre el 80 y el 90 por ciento del total. Esta distribución se repite en otras comarcas de Andalucía, como la Sierra Norte de Sevilla, la Janda, el Campo de Gibraltar, el Valle del Guadiato o la comarca del Alto Guadalquivir.

Resulta llamativo que prácticamente toda la tierra que rodea algunos pueblos andaluces sean exclusivamente latifundios. Llama la atención también que, aunque las explotaciones de más de 1.000 hectáreas representen un porcentaje inferior al 1 por ciento, suponen mas del 30 por ciento de la superficie total.

La cuestión de la tierra es un pilar de construcción nacional y factor histórico primordial de movilización social en Andalucía. Antes de la industralización del norte, la influencia de Andalucía se hacía sentir gracias al poder de la clase terrateniente. Cuando ese peso basculó hacia el sector industrial, la influencia de Andalucía dentro del conjunto del estado se ha reducido a un segundo plano. Desde entonces, ha quedado relegada al puesto de despensa de España. Un factor que se hacía necesario asegurar, manteniendo la estructura de la propiedad y reprimiendo cualquier movimiento que amenazara seriamente dicha estructura.

"Yo tengo clavada en la conciencia, desde mi infancia, la visión sombría del jornalero. Yo le he visto pasear su hambre por las calles del pueblo, confundiendo su agonía con la agonía triste de las tardes invernales" (Blas Infante)

Movimiento jornalero, tierra y soberanía

Los finales del siglo XIX fueron de continuas crisis, hambre, protestas, desordenes y represión. Como narra Juan Madrid en su obra La Mano Negra, caciques y señoritos contra los anarquistas, "las periódicas crisis agrícolas se convertían en auténticos infiernos de hambre, literalmente hablando, cuando afectaban a la capa más baja de la sociedad andaluza. Y ésta era los jornaleros". El anarquismo se introdujo en el campo andaluz y sumó a las duras condiciones un cuerpo ideológico que despertó una conciencia de clase entre quienes trabajaban el agro y no poseían tierra. La época de las desamortizaciones había dejado a los habitantes de los pueblos sin las tierras comunales que servían de instrumento de supervivencia en épocas de escasez de trabajo y esto aún se hacía sentir a finales de este siglo.

Precisamente, la obra antes mencionada narra la historia de lo que se convirtió en uno de los casos de manipulación mediática y montaje político más destacados del siglo XIX en España. La Mano Negra, como nombre de una organización internacional que sembraba el pánico en el medio rural andaluz, fue ampliamente conocida en la época. Para combatirla, se destacaron en Andalucía varios regimientos de la Guardia Civil y los periódicos ayudaban a extender el miedo hacia esta organización. Con el tiempo se demostró que dicha organización no existía, pero eso fue mucho más tarde de su represión, ejecuciones incluidas.

Cercana a esta época es la llamada Constitución de Antequera. 30 años más tarde, en 1919, tiene lugar la Asamblea de Ronda, donde cristaliza el nacimiento de un andalucismo de corte krausista y que recoge las reivindicaciones de reforma agraria. Sin embargo, la mayoría de los jornaleros participa en organizaciones internacionalistas, principalmente anarquistas. Poco después del comienzo de la II República, se suceden levantamientos y ocupaciones de tierra promovidas por la CNT. De especial relevancia fueron los sucesos de Casas Viejas de 1933, que distanció a los jornaleros de la República y los acercó a posiciones más revolucionarias. Más adelante, sobre todo tras la victoria del Frente Popular en 1936, organizaciones comunistas y socialistas llevaron a la práctica la acción directa en cuanto a llevar a la práctica la máxima de "La tierra para quien la trabaja".

Las tropas franquistas, ayudados por los caciques locales, se encargaron de ejercer una brutal represión sobre el movimiento jornalero. Y éste se mantuvo silenciado prácticamente toda la dictadura. Desde finales del franquismo y durante los primeros años de la década de 1980 resurge con fuerza, encabezado por el SOC, un sindicato de ideología marxista influido por las organizaciones cristianas de base y el nacionalismo andaluz. Las marchas, huelgas de hambre y ocupaciones pacíficas de fincas por columnas de jornaleros portando la arbonaida se hacen algo habitual en estos años. Uno de los logros más significativos de esta lucha llega de forma indirecta por una legislación que permitía la expropiación de tierras en caso de que se pusieran en regadío. Esto afectó a unas 1.200 Ha del Duque del Infantado que pasaron a formar parte del municipio de Marinaleda, el cual comenzó a explotarlos en régimen de cooperativa.

Diego Cañamero, entonces portavoz nacional del SAT, heredero del SOC, señaló en esta entrevista que las reivindicación por parte de este movimiento en relación a la propiedad de la tierra es que "no puede ser una tierra privada, digo las grandes extensiones de tierra, tienen que ser públicas, en manos de la Junta, del estado, de los ayuntamientos, al servicio de proyectos que sean cooperativos, a proyectos de ayuntamientos que desarrollen todo. Lo que hace falta es poner toda esa tierra al servicio de la comunidad que la habita y la trabaja. Al servicio de la economía de las poblaciones".

La respuesta desde las instituciones: Fondos de Cohesión, Política Agraria Común, y PER

La entrada en la Comunidad Europea en 1986 supuso la llegada de fondos para reducir la distancia económica de Andalucía, una de las regiones más empobrecidas de Europa, respecto al resto. los llamados Fondos de Cohesión a los países con un PIB inferior al 90 por ciento de la media de la UE. Su fin consistía en que los países del norte de Europa ayudaran a los del sur a desarrollarse y tener así un mercado más amplio.

Con estos fondos llegaría también el Plan de Empleo Rural. El medio rural andaluz, con una tasa de paro estructural alta, veía como la situación económica de las familias andaluzas en los pueblos dependía en gran medida de las temporadas agrícolas y que, fuera de éstas, las perspectivas laborales eran muy pocas. Con el ahora conocido como Plan de Fomento del Empleo Agrario, se podía obtener una prestación de desempleo especial determinada por las "peonadas" o jornales trabajados, en número más reducido que en el régimen general. De esta manera se aliviaban las dificultades causadas por la temporalidad y se redujo la movilización social en el campo andaluz.

La Política Agraria Común, tras las reticencias durante los primeros años de su implantación por las cuotas de producción, se consolidó como el sistema que rige el funcionamiento del campo andaluz. Durante muchos años, favoreció a quienes tenían grandes extensiones de terreno, ya que subvencionaban la superficie plantada. Muchos campos se llenaron de cultivos como el girasol que, en ocasiones, ni siquiera se recogían ya que solo se plantaban para recibir los fondos, que en cierta medida fueron a parar a manos de grandes terratenientes. En la actualidad, se subvenciona la productividad, como se exigía desde el sindicalismo agrario y las organizaciones de pequeños agricultores y que ha reducido los desajustes del sistema anterior.

Sin embargo, esta respuesta institucional no ha paliado la problemática del medio rural andaluz y la estacionalidad. Al igual que a finales del siglo XIX, la reciente crisis económica vio cómo el movimiento jornalero respondía a las dificultades económicas severas, con acciones directas no violentas, como en el reparto de alimentos tomados de cadenas de supermercados o más ocupaciones de fincas. Un movimiento que continúa imbricando el reparto de la tierra con la cuestión nacional andaluza.

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