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Libertad de Prensa
Jueves, 05 Mayo 2016 13:06

El caso de Ana García levanta la solidaridad de la profesión periodística

Ana García, a la salida de los juzgados tras su detención, en noviembre de 2012 Ana García, a la salida de los juzgados tras su detención, en noviembre de 2012 eldiario.es
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Hoy se ha juzga en Sevilla a Ana García, operadora de cámara de LaSexta, detenida el 24 de noviembre de 2012, cuando grababa una protesta por un desahucio y la ocupación de un inmueble. El fiscal le acusa de un delito de desobediencia a la autoridad, al haberse negado a entregar su cámara, por el que le pide una condena de nueve meses de prisión, y de otro delito de daños, por el que solicita una multa de 109 euros.

Un caso que, hace tres años y medio, levantó la protesta casi unánime de la profesión periodística. El Sindicato de Periodistas de Andalucía, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España o la Asociación de la Prensa de Sevilla exigieron la inmediata retirada de los cargos, la devolución a la periodista de la cámara y el material grabado requisados por la policía y que se diera una explicación oficial de los motivos de su detención y del trato recibido durante las horas que permaneció en dependencias policiales. 

Dos meses después de la detención, la APS presentaba en la Delegación del Gobierno en Andalucía un escrito con las firmas de 1.610 personas, en su inmensa mayoría profesionales del periodismo, en el que se pedía la retirada de los cargos que se le imputaban a Ana García y en el que se consideraba que se había "vulnerado el libre ejercicio de la profesión periodística y el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz". Hoy, a 11.30 horas, en el juzgado de lo penal número 10 de Sevilla, en la Buhaira, se juzga no solo un hecho puntual. En un comunicado difundido difundido por la APS ayer, reitera que con su detención "se vulneró el libre ejercicio de la profesión periodística y el derecho de la ciudadanía a una información veraz". En el trasfondo, el secular conflicto por el equilibrio de fuerzas entre el poder político y la prensa, el "perro guardián" cuya función primordial en una sociedad democrática es la vigilancia del funcionamiento de la gestión pública y del trabajo de quienes detentan dicha responsabilidad.

En los últimos días se han visto otros casos en los que la función social del periodismo se ha puesto en entredicho por determinados sectores. Cuando se destapa un escándalo se intenta desviar la atención sobre el "mensajero", sobre su praxis en el ejercicio de la profesión o de la procedencia de sus fuentes. Se sitúa la raíz del problema entonces no en el hecho en sí, sino en que la ciudadanía tenga posibilidades de conocer los hechos, aunque sean constitutivos de delito, y se buscan argumentos para justificar dicha postura. Este proceso se reproduce con frecuencia e incluso ha tenido su reflejo en cierta disposiciones de la relativamente reciente y aún vigente ley de seguridad ciudadana, conocida como Ley Mordaza.

"El periodismo o es incómodo o no es". Yolanda Álvarez abandonaba la corresponsalía de TVE, un medio público, en junio del año pasado, por presiones de Israel. Días antes de tener que hacer efectiva esa renuncia señalaba algo que resulta cada día más evidente: "Contar verdades que escuecen pone a los periodistas en el punto de mira".