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Revista Digital

Represión
Jueves, 03 Marzo 2016 09:52

José Manuel Valderas: "Se está produciendo un intento por amedrentar el activo sindical y la participación ciudadana"

José Manuel Valderas (dcha.) y Daniel Hernando (izqda.) sujetando el cartel "No nos van a callar" José Manuel Valderas (dcha.) y Daniel Hernando (izqda.) sujetando el cartel "No nos van a callar" CC.OO. Huelva
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60.000 euros de multa por desórdenes públicos, la suma más elevada que nunca se haya impuesto en España por este tipo de faltas. Un procedimiento penal, ya cancelado, en el que se pedían 13 años de prisión. "A mí me imputaron por mi participación en la Huelga General del 2012...". José Manuel Valderas, secretario de Organización de Comisiones Obreras en Huelva, sería uno de los 13 sindicalistas onubenses, integrantes del Partido Comunista de Andalucía, imputados por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Huelva, por diferentes cargos de desórdenes públicos, coacciones y atentado a la autoridad.

Acallar la respuesta sindical y ciudadana ante los recortes de derechos sociales e individuales

Con la experiencia de alguien que ha presenciado de cerca los mecanismos de represión, afirma que su caso es otro más de los orientados a acallar la protesta social. Señala que si se toman medidas contra los representantes de las organizaciones, el miedo a las represalias se extiende por toda la militancia y aumentan las reticencias para participar en mecanismos de resistencia social organizada. En la siguiente entrevista, José Manuel Valderas, secretario de organización de CCOO en Huelva, ofrece su versión acerca del proceso que tiene que afrontar por su participación en la Huelga General del 14-N. También nos ofrece un análisis sobre el contexto de la respuesta sindical hacia las políticas actuales y cómo se articulan los diferentes grados de represión hacia dicha respuesta.

"En un principio a mí se me se me abrieron varios expedientes distintos: un expediente administrativo por el cual se me imputaban tres supuestos delitos, con una multa total de más de 60.000 euros, la multa más elevada que se ha producido en España por formar parte de un piquete informativo. Por otra parte se me abrió luego un procedimiento penal que, en este momento, sí está cerrado". La vía penal que, en este caso, no se aplicó a José Manuel Valderas, sí se aplicó a un compañero suyo al que se le imputaban los mismos delitos: Daniel Hernando, actual secretario político del PCA en Huelva, finalmente absuelto a principios de este año.

La versión de José Manuel Valderas

<< Como secretario de organización provincial del sindicato de Comisiones Obreras en Huelva, mi labor durante aquella jornada de huelga consistía fundamentalmente en recabar datos de participación de las empresas, los centros públicos y centros de trabajo en general y facilitar luego esos datos tanto a la Secretaría de Comunicación para ponerlas a disposición de los medios de comunicación, como a nuestra organización en Andalucía. Fundamentalmente, ése era mi trabajo que combinaba con mi presencia en algunos momentos en la calle acompañando algunos piquetes informativos en empresas puntuales y, precisamente, velar porque no existiese ningún tipo de incidente; hasta donde podíamos controlar, teniendo en cuenta que esa jornada de huelga fue secundada mayoritariamente y muchas personas que estaban en la calle nada tenían que ver con los sindicatos convocantes.

En las primeras horas de la huelga sí observamos ya que existía una presencia policial en las calles que era muy superior a la habitual en este tipo de jornadas de huelga general y que llamó la atención; sí observamos un nerviosismo y una actitud policial poco poco habitual a la hora de dirigirse a los piquetes informativos. Aquella jornada se desarrolló con total normalidad, comparable con la de cualquier huelga general y yo personalmente ni presencié, ni observé, ni se me informó de ninguna situación violenta o agresiva por parte de nadie, al menos en el colectivo sindical y en los piquetes informativos donde estaban nuestros militantes y simpatizantes.

En un momento concreto, a primera hora de la mañana, donde se forma un piquete informativo bastante numeroso en torno a unas 150 personas a las puertas de la Delegación de Educación Huelva. Un piquete informativo tan numeroso sí es cierto que es posible que pueda dificultar el acceso a las instalaciones por parte de aquellos trabajadores que quieren ejercer su derecho al trabajo, algo muy normal que puede ocurrir cuando un piquete es numeroso. Fue a las puertas de esta delegación cuando llegó un fuerte operativo policial, yo estaba allí en ese momento, y comenzó una carga policial para disolver a la gente que fue tremendamente desproporcionada, donde se produjeron varios lesionados por el empleo de porras y por empujones por parte de los agentes de la policía y creo que esa desproporcionalidad, a menos a juicio de los que estamos allí, que era injustificada, fue uno de los detonantes para que se produjesen después las denuncias contra alguno de los piquetes informativos, creo que como para como justificación ante las posibles denuncias que pudieran llegar de por parte de los lesionados. Entre ellos estaba yo.

Un día después de aquella jornada de huelga, que fue histórica en nuestra provincia, tanto por el porcentaje de participación como por el número asistentes a la manifestación que se convocó aquella misma tarde y que se calificó a por algunos medios como la mayor manifestación de la historia de Huelva, comenzaron a recibir algunos sindicalistas sanciones administrativas con multas de diversa cuantía por hechos que en ningún caso se habían producido. En algunos casos, por hechos absurdos como utilizar un megáfono en un mercado para anunciar la huelga general por parte de un grupo de trabajadores días antes de la misma. Ante esas sanciones que estaban llegando, el secretario general de Comisiones Obreras en Huelva solicitó una reunión con el subdelegado del Gobierno en la provincia, reunión a la cual yo le acompañé, y se le planteó la situación que se estaba produciendo. El subdelegado del gobierno le restó en todo momento importancia a esas sanciones, incluso nos llega decir que la jornada de huelga había transcurrido con relativa normalidad, que se había cortado una carretera unos minutos y o había pasado nada... en definitiva, le restaba dramatismo al asunto.

Curiosamente, unos día después, se presentaron cuatro agentes uniformados y armados de la Policía Nacional en mi domicilio para entregarme la apertura de un expediente sancionador administrativo, firmado por el subdelegado el gobierno, por la supuesta comisión de tres delitos: desordenes públicos, coacción y atentado a la autoridad, con una multa global de 60 mil euros. >>