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Vivienda
Lunes, 21 Noviembre 2016 08:29

Vivienda: derecho constitucional y bien de mercado

#JoseBorjaSeQueda parado en Usera #JoseBorjaSeQueda parado en Usera Asamblea Popular de Carabanchel | Flickr
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En diciembre de 2006, el relator especial de asuntos de Vivienda de Naciones Unidas, Miloon Kothari pasó doce días en varias ciudades españolas y llegó a la siguiente conclusión: entre el 20 y el 25% de la población española estaba excluida del mercado de la vivienda. Entonces, hace casi diez años, dijo en rueda de prensa que el Gobierno debería intervenir y adoptar “medidas inmediatas” para atajar el problema. Además, expuso que el problema de España era "el más grave de Europa y uno de los mayores del mundo" y que, aunque el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero estaba sensibilizado, señalaba que el problema era insostenible.

Hace diez años aun no había empezado la crisis económica, y los telediarios hablaban de los mileuristas como unos pobres desgraciados que lo tenían crudo para llegar a fin de mes. Era una época donde los sueldos eran significativamente más altos y los bancos daban hipotecas a treinta o cuarenta años con poco más que un contrato de trabajo. Pero entonces la crisis estalló y con ella la burbuja inmobiliaria. La tasa de paro pasó de un 9,60 % en el primer trimestre de 2008 a un 17,24 en un año, un incremento del 79,58 % , y no dejaría de subir hasta 2014 con un pico del 25,93 %.

La precarización del mercado laboral, la bajada masiva de los sueldos fruto de la crisis, una primera reforma laboral de Zapatero y una segunda mucho más agresiva de Mariano Rajoy, después han conseguido que acceder a la compra de una vivienda sea un auténtico lujo. Según la oficina de estadística de la Comisión Europa, EUROSTAT, el 24% de los contratos en España son temporales. Ello, sumado a la abaratación del despido incluso de los trabajadores fijos hace muy difícil que muchísimos ciudadanos puedan pensar en comprar una vivienda. Incluso aunque tengan un contrato fijo y un sueldo, la incertidumbre y la poca estabilidad laboral hacen que muchas personas no se planteen comprar una vivienda.

Una de las peores partes se la han llevado los jóvenes: en septiembre de 2016, el paro entre los menores de 25 años estaba en un 41,9%. Se da la tesitura de que en España el derecho a la vivienda está recogido explícitamente en la Constitución pero a la vez es un bien sujeto al mercado. La falta de regulación y control por parte de los sucesivos gobiernos ha terminado por reducir este principio a unas pocas líneas y no a un derecho real. Además, la vivienda social en España apenas llega al 1% frente al 32% de Países Bajos o el 18% de Reino Unido. Al ya de por sí bajo número de viviendas públicas, comunidades como Madrid o Cataluña han vendido parte de éstas a fondos de inversión.

Aparte del problema del acceso a la vivienda se encuentra el de los desahucios. En 2015, un informe de Amnistía Internacional con datos recogidos de las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial indicaba que se habían producido 598.747 desahucios desde 2008 hasta el primer trimestre del año pasado. La paradoja es que España acumula aproximadamente el 30% de las viviendas vacías de Europa y mientras se producían estos desahucios, entre 2009 y 2015 el gasto público de vivienda se redujo más de un 50%. Se da la tesitura de que en España el derecho a la vivienda está recogido explícitamente en la Constitución pero a la vez es un bien sujeto al mercado. La falta de regulación y control por parte de los sucesivos gobiernos ha terminado por reducir este principio a unas pocas líneas y no a un derecho real.

La ley que regula los desahucios en España es la Ley Hipotecaria de 2007, que vino a modificar la anterior de 1987. Esta ley no contempla la dación en pago, que supondría que en caso de desahucio, la entrega de la vivienda anula la deuda contraída con la entidad bancaria. Esto significa que cuando desahucian a una persona tiene que seguir pagando la hipoteca pese a no tener casa, imposibilitando en gran medida que pueda acceder a la compra de otra vivienda en el futuro e incluso vivir de alquiler. En 2012, el ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó un Real Decreto Ley de “medidas urgentes” para proteger a los “deudores hipotecarios”. Esta ley incluye una moratoria de dos años para personas o familias vulnerables y algunas otras medidas, pero no tiene carácter retroactivo ni incluye la dación en pago, como vienen reclamando plataformas como Stop Desahucios o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.