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Jueves, 15 Diciembre 2016 18:40

La libertad de expresión en las Constituciones Españolas del XIX y e inicios del XX

Jura de la Constitución de 1876 Jura de la Constitución de 1876 congreso.es
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En la edición de esta semana que está dedicada a Ley Mordaza y la consecuente pérdida de derechos que se deriva de ella, nos hemos propuesto realizar un repaso a lo largo de la historia del constitucionalismo español para localizar cómo han tratado una u otra Constitución los derechos de libertad de expresión y libertad de información. Y ello gracias a un magnífico artículo del profesor de la Complutense José Ignacio Bel Mallén.

La libertad de expresión en los textos constitucionales españoles, el título del artículo de Bel Mallén no puede ser más apropiado para nuestro objetivo, así como la profundidad de su trabajo en el que realiza una aproximación comparativa a los análisis que los distintos historiadores han realizado de las referencias a la libertad de expresión e información, así como en la explicación de las leyes que los desarrollaban o restringían.

En este sentido, el artículo parte del Estatuto de Bayona de 1808, en cuyo articulaje se contemplaba: “Dos años después de haberse executado enteramente esta Constitución se establecerá la libertad de la imprenta. Para organizarla se publicará una ley hecha en Cortes”. Referencia que utiliza el profesor Bel para ejemplificarnos la diferencia entre concesión o derecho natural, una visión que finalmente se ha impuesto en nuestra evolución política.

Tras ello, nos encontramos ante la Constitución de 1812, en la que, a pesar de existir un cierto consenso entre los historiadores sobre que no incluía una “declaración orgánica de de los derechos políticos de los ciudadanos (libertad dc expresión, petición, etc.) corno lo habrá posteriormente en las Constituciones de 1837 y siguientes”, sí que recoge en su artículo 371 el derecho al que nos referimos. “Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas, sin necesidad de licencia, revisión y aprobación previa, bajo las restricciones y responsabilidades que establece la ley”.

Nos detenemos en este punto porque nos sirve para resumir dos aspectos claves que son constante en toda la evolución de la libertad de expresión: por un lado la referencia a la ausencia de censura previa y por otra, la existencia de una ley que restringe la propia libertad, sin saberse que márgenes pueden abarcar esas restricciones.

Vemos aquí que el hecho de que una Constitución concreta recoja un derecho no implica directamente su cumplimiento, sobre todo cuando la propia norma remite a leyes para su desarrollo restrictivo, mientras no introduce medidas para asegurar que ese derecho se ejercido de forma activa por los ciudadanos, ni para sean reclamados ante los tribunales.

Precisamente, en la siguiente Constitución en el siglo XIX, la de 1837, se introducen esa protección para el ejercicio del derecho al distinguir a los jurados como “los únicos órganos para entender de los delitos de imprenta”. Sin embargo no se tardaría mucho en modificar esta situación y en la Constitución del 45 se abre la puerta a los Tribunales Especiales para la prensa, que a la postre se convirtieron en órganos restrictivos, en lugar de protectores del derecho.

La siguiente parada en la revisión de este derecho nos lleva al artículo 17 de la Constitución de 1869, la que se aprobaría tras la Gloriosa, y que reza así: “Todo español tiene derecho a emitir libremente las ideas y opiniones, ya de palabra, ya por escrito, valiéndose de la imprenta o de
otro procedimiento semejante”. Cabe destacar el hecho de que la siguiente Constitución, la de 1876, a pesar de suponer un retroceso en prácticamente todos los campos, calca prácticamente este artículo con la única diferencia que añade “sin sujeción a la censura previa”.

Esta Constitución llegaría hasta el Golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera en la década de los 20 del siglo siguiente, y en el que se eliminaría las referencias a los derechos al calor de las dictaduras que dominaron la mayor parte del siglo XX, la mencionada y la posterior franquista, con el paréntesis de la II República en el que se volvería a defender este derecho como natural en el ser humano.

Hemos tratado de glosar unos contenidos que encontrarán mucho más desarrollados en el artículo, cuyo enlace os hemos dejado en la primera línea de este texto para invitaros a que profundicéis por vosotros mismos en este análisis, para que tengáis la oportunidad de ejercer este derecho de forma activa como lo han reclamado multitud de personas en nuestro país en los dos últimos siglos y han recogido muchas de sus constituciones. Valoren ustedes mismos el resultado. 

 

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